El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció  que “cumplirá a cabalidad” con el mandato de la Corte Constitucional que le exige vigilar y garantizar los derechos de los ciudadanos en el plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC.

“Esta obligación le corresponde a la Procuraduría y a los organismos de control y yo lo voy a hacer”, señaló el procurador quien manifestó que “la sentencia de la Corte sobre ese Acuerdo no se ha leído de manera suficiente por la opinión pública por las implicaciones que tiene”.

El pronunciamiento fue hecho en Buga (Valle del Cauca), en el marco de la presentación a la comunidad académica, a los servidores públicos  y a la sociedad en general de su libro “La paz no lo justifica todo. Mínimos penales para máximos responsables”.

“Aquí no está en juego la paz, aquí lo que se está es poniendo en consideración una política pública que se llama un acuerdo entre el presidente Santos y alias Timochenko para darle legitimidad democrática y eso lo dice la Corte”, agregó el jefe del Órgano de Control.

El procurador fue enfático en señalar que las entidades públicas no pueden afectar las partidas presupuestales para financiar una u otra opción en el marco del plebiscito, es decir, no pueden utilizar los bienes y el patrimonio público para promoverlas.

“Está prohibido destinar cualquier centavo público so pretexto de promover el ‘Sí a la paz” o el “No a la paz”, porque el derecho a la paz no está sometido  a consideración de los ciudadanos. El objeto de las votaciones es el acuerdo final y no el derecho a la paz”, explicó el jefe del Ministerio Público.

En su intervención, el procurador de los colombianos recalcó: “quiero ser más enfático y hasta reiterativo, de ninguna manera se pueden emplear bienes del Estado, cualesquiera que estos sean, y ni recursos del tesoro público, bajo el pretexto de promocionar el plebiscito, con el lema o mensaje “Sí a la paz” o “No a la paz”.

Además, insistió que los funcionarios públicos no pueden presionar a los ciudadanos ni contratistas para que se adhieran a una u otra posición, pues eso sería extorsionarlos.

“Me corresponde hacer cumplir la ley, la Constitución, las decisiones judiciales y, como lo he hecho en otros escenarios, voy a cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales”, puntualizó el procurador general.